El Gobierno federal entregó el 8 de septiembre de 2026 a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2027, una propuesta que estima un crecimiento de entre 1.5% y 2.5%, un déficit presupuestario equivalente a 3.9% del Producto Interno Bruto y mayores ingresos mediante fiscalización, digitalización y ampliación de la formalidad. El paquete fue presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y comenzó su revisión en el Congreso de la Unión, por lo que todavía no es una norma vigente. El Canal del Congreso confirmó la recepción del proyecto y detalló que incluye la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, los criterios económicos y propuestas de cambios fiscales.
La apuesta central de Hacienda es recaudar más sin crear, al menos en el planteamiento oficial, un aumento generalizado de las tasas de impuestos. El Gobierno sostiene que el margen está en reducir la evasión, cerrar espacios para operaciones simuladas y lograr que más actividades económicas entren al sistema formal. Para quienes tienen un negocio pequeño o trabajan por su cuenta, la diferencia será importante: no necesariamente enfrentarían una tasa nueva, pero sí podrían tener que comprobar mejor sus operaciones, ordenar sus facturas y cumplir con más controles.
En breve
- Hacienda calcula un crecimiento económico de entre 1.5% y 2.5% para 2027, inflación de 3% y un déficit de 3.9% del PIB.
- La propuesta busca elevar la recaudación con fiscalización, trazabilidad de operaciones, cambios en deducciones y una ampliación del Régimen Simplificado de Confianza.
- Ninguna de estas medidas queda aprobada todavía: la Cámara de Diputados, el Senado y las comisiones legislativas pueden modificar el proyecto.
Más control no significa automáticamente un impuesto nuevo
La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, han presentado el paquete como una estrategia de eficiencia recaudatoria. De acuerdo con La Jornada, el discurso oficial es que no habrá nuevos impuestos generales ni un aumento extraordinario en el precio de los combustibles, sino medidas para combatir la evasión y mejorar el cumplimiento.
Sin embargo, para el contribuyente la ausencia de una nueva tasa no significa que el costo de cumplir permanezca igual. Una empresa puede pagar el mismo porcentaje de ISR, pero terminar con una carga fiscal mayor si se limita el uso de deducciones, se restringe el aprovechamiento de pérdidas de ejercicios anteriores o se exige más evidencia sobre la materialidad de una operación. En otras palabras, el debate no sólo está en cuánto dice la ley que se paga, sino en qué gastos podrán restarse y qué documentos deberán conservarse.
La propuesta incorpora mecanismos para revisar deducciones y pérdidas fiscales, especialmente en empresas con operaciones de mayor tamaño. También busca cerrar espacios relacionados con facturas falsas, pagos al extranjero y esquemas que reduzcan artificialmente la base gravable. El efecto práctico sería una mayor necesidad de conciliar contratos, comprobantes fiscales, transferencias bancarias, entregables y registros contables.
El RESICO puede abrir la puerta a más pequeños contribuyentes
Uno de los puntos con mayor impacto potencial para micronegocios y profesionistas es la ampliación del Régimen Simplificado de Confianza, conocido como RESICO. El análisis técnico publicado por PwC México identifica una propuesta para elevar el límite de ingresos anuales de las personas físicas de 3.5 a 5 millones de pesos, mientras que para personas morales el umbral pasaría de 35 a 50 millones de pesos.
Si el Congreso aprueba esos cambios, más negocios podrían tener acceso a un esquema de cálculo simplificado. La medida podría ser relevante para tiendas, talleres, restaurantes familiares, prestadores de servicios y profesionistas independientes que ya superan los límites actuales, pero todavía no tienen una estructura administrativa comparable con la de una empresa grande.
La ampliación, no obstante, no equivale a una condonación ni elimina las obligaciones fiscales. Quienes entren o permanezcan en el RESICO tendrían que emitir comprobantes, presentar la información requerida y mantener consistencia entre sus ingresos bancarios, facturas y declaraciones. La oportunidad de formalizarse dependerá de que el régimen realmente reduzca trámites y de que los pequeños negocios puedan acceder a asesoría contable asequible.
Qué puede significar para un trabajador independiente
Para una persona que presta servicios por su cuenta, el punto clave será la trazabilidad. Cobrar mediante transferencia, emitir CFDI y separar las finanzas personales de las del negocio puede dejar de ser una recomendación administrativa para convertirse en una condición práctica para defender deducciones y acreditar ingresos.
El planteamiento también puede favorecer a quienes hoy trabajan parcialmente en la informalidad. Un régimen con límites más amplios podría permitirles incorporarse con una tasa y una mecánica más sencillas. Pero la formalización también implica costos: contabilidad, facturación, declaraciones, seguridad social cuando corresponda y una mayor exposición a revisiones automáticas del Servicio de Administración Tributaria.
Por eso, la discusión legislativa tendrá que evaluar si las facilidades propuestas son suficientes para compensar las nuevas exigencias. Si el régimen se amplía sin simplificar realmente los trámites, algunos contribuyentes podrían incorporarse sólo en el papel, mientras mantienen parte de sus operaciones fuera del sistema.
Empresas: el foco estará en deducciones, pérdidas y operaciones simuladas
Las empresas formales enfrentarían el mayor cambio operativo. La iniciativa pretende que la contribución de los negocios sea más consistente con su capacidad económica, según la explicación oficial difundida durante la presentación del paquete. Para lograrlo, Hacienda plantea reforzar la revisión de deducciones y limitar prácticas que reduzcan la base del ISR sin una actividad económica comprobable.
Esto puede elevar la importancia de la documentación interna. Una factura por sí sola podría no ser suficiente si la autoridad solicita demostrar que el servicio se prestó, que el bien fue entregado, que existió un contrato y que el pago corresponde a una operación real. Las compañías tendrán que revisar a sus proveedores, documentar servicios y verificar que sus registros fiscales, contables y bancarios coincidan.
El mayor impacto no necesariamente estaría en las grandes empresas con departamentos fiscales amplios, sino en compañías medianas que operan formalmente pero carecen de controles robustos. Para ellas, el paquete podría traducirse en más horas de revisión, asesoría especializada y prevención de riesgos antes de presentar declaraciones.
Digitalización y combustibles: dos frentes adicionales
El Gobierno también vincula la formalidad con el uso de pagos electrónicos. La administración ha señalado que una futura Ley de Economía Digital buscaría reducir el uso de efectivo y ampliar la trazabilidad de las operaciones, aunque esa iniciativa no forma parte estricta del Paquete Económico 2027, según explicó Hacienda a La Jornada.
La digitalización puede facilitar la comprobación de ventas, pero también genera retos para pequeños comercios que dependen del efectivo, tienen conectividad limitada o absorben comisiones por pagos con tarjeta. El beneficio fiscal será mayor si se acompaña de herramientas sencillas, costos razonables y protección de datos.
Otro frente es la trazabilidad de gasolinas y diésel a lo largo de la cadena de suministro. El objetivo declarado es combatir la evasión asociada con combustibles y operaciones simuladas. Para estaciones de servicio, transportistas y empresas que utilizan combustible como insumo, esto puede aumentar la importancia de conservar registros de compras, traslados, inventarios y proveedores.
Lo que todavía debe decidir el Congreso
El Paquete Económico 2027 es una propuesta, no una reforma aprobada. La Cámara de Diputados debe discutir y votar la Ley de Ingresos antes del 20 de octubre; después, el Senado tiene como fecha límite el 31 de octubre. El Presupuesto de Egresos corresponde exclusivamente a los diputados y debe aprobarse a más tardar el 15 de noviembre, de acuerdo con el calendario informado por el Canal del Congreso.
Durante ese proceso pueden cambiar los límites del RESICO, las reglas de deducciones, el tratamiento de pérdidas fiscales, los controles a operaciones digitales y las disposiciones para sectores específicos. También será importante conocer los artículos transitorios, porque ahí se definirían la entrada en vigor, los periodos de adaptación y el tratamiento para quienes ya tributan bajo los esquemas actuales.
La lectura más útil para los contribuyentes es distinguir tres niveles. Primero, están las metas macroeconómicas: crecimiento, inflación, déficit e ingresos previstos. Segundo, las iniciativas legales, que todavía pueden modificarse. Tercero, las obligaciones que sólo surgirán cuando el Congreso apruebe el texto y se publiquen las reglas correspondientes.
En ese sentido, el mensaje de Hacienda combina una promesa política —no elevar los impuestos generales— con una transformación operativa: más información, más comprobación y más vigilancia sobre la forma en que se calculan los impuestos. Para un micronegocio o un profesionista independiente, la prioridad inmediata no es anticipar una tasa definitiva, sino revisar su facturación, separar sus cuentas, ordenar sus contratos y esperar el texto aprobado antes de tomar decisiones irreversibles.
Fuentes consultadas
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Paquete Económico 2027, 8 de septiembre de 2026.
- Canal del Congreso, recepción del Paquete Económico 2027, 9 de septiembre de 2026.
- La Jornada, declaraciones sobre impuestos, formalidad y economía digital, 10 de septiembre de 2026.
- PwC México, análisis de las propuestas fiscales del Paquete Económico 2027, septiembre de 2026.