El Gobierno de México prepara un proyecto de decreto para establecer obligaciones a las plataformas digitales frente a contenidos que inciten directamente a la violencia, el abuso o el acoso. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el viernes 2 de octubre de 2026, durante su conferencia matutina en Ciudad de México, la creación de un grupo de trabajo coordinado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
En el equipo participarán la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Educación Pública, el Centro Nacional de Inteligencia, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, además de instituciones académicas y especialistas. La instrucción es diseñar una propuesta que obligue a las plataformas a detectar, reportar y retirar de manera oportuna publicaciones consideradas de riesgo.
La regulación de plataformas digitales en México se encuentra, por tanto, en una fase de diseño institucional. No se trata todavía de una norma publicada ni de una obligación general que ya puedan exigir las autoridades a todas las empresas del sector. Para que el eventual decreto entre en vigor tendría que concluirse el proyecto, determinarse su fundamento jurídico y publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
En breve
- Qué ocurrió: Claudia Sheinbaum anunció un grupo interinstitucional para elaborar un proyecto de decreto sobre contenidos digitales que inciten a la violencia, el abuso o el acoso.
- Quiénes participarán: La Consejería Jurídica coordinará los trabajos con áreas de seguridad, educación, inteligencia, transformación digital, especialistas e instituciones académicas.
- Qué falta: Definir qué contenidos estarán sujetos a retiro, cuáles serán los plazos, quién supervisará el cumplimiento y qué mecanismos tendrán las personas usuarias para impugnar una decisión.
El anuncio ocurre después de un ataque en una escuela de Torreón
La propuesta se plantea después del ataque ocurrido en la Escuela Secundaria número 13 de Torreón, Coahuila. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, dos jóvenes de 18 años agredieron con petardos y machetes a integrantes de la comunidad escolar; la subdirectora murió y otras personas resultaron heridas.
La Fiscalía General del Estado de Coahuila ha señalado que los agresores mostraban interés por figuras y comunidades digitales relacionadas con ataques violentos. Ese antecedente llevó al Gobierno federal a colocar el entorno digital como uno de los espacios de prevención temprana, junto con las escuelas, las familias y las autoridades de seguridad.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que el equipo de prevención trabaja en un decreto que establezca obligaciones para la detección, el reporte y la remoción oportuna de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia. También se ha planteado fortalecer acciones de orientación emocional en escuelas y mecanismos confidenciales para detectar situaciones de riesgo.
La conexión entre una publicación y un acto violento, sin embargo, no puede darse por sentada en todos los casos. Una plataforma tendría que distinguir entre una amenaza concreta, una instrucción para cometer una agresión, la celebración de un ataque ya ocurrido, el discurso de odio, la cobertura periodística y una opinión ofensiva que no necesariamente constituye una incitación directa. Esa diferencia será central para evitar decisiones automáticas o excesivamente amplias.
Qué tendría que definir el eventual decreto
1. Criterios claros de riesgo
El primer reto será precisar qué significa incitar directamente a la violencia. Una redacción ambigua podría permitir que se retire desde una amenaza específica hasta una noticia, una investigación académica o una denuncia ciudadana sobre un hecho violento. La Suprema Corte ha advertido que las restricciones en internet deben distinguir entre contenidos ilícitos, expresiones que pueden generar responsabilidades y materiales ofensivos o indeseables que no necesariamente justifican una prohibición.
Por eso, el decreto tendría que incluir categorías verificables, como amenazas creíbles, instrucciones para causar daño, reclutamiento para acciones violentas o difusión de material que identifique a una víctima con el propósito de hostigarla. También debería establecer excepciones para la información de interés público, el trabajo periodístico, la investigación y el debate político.
2. Plazos diferentes según la urgencia
No todos los reportes requieren la misma respuesta. Una amenaza inmediata contra una persona o una escuela podría necesitar atención prioritaria y coordinación con las autoridades competentes. En cambio, un contenido ambiguo debería pasar por una revisión adicional antes de ser retirado.
La norma tendría que fijar plazos, pero también explicar cómo se contarán, qué información debe entregar quien reporta y qué hará la plataforma cuando el contenido esté alojado fuera de México. Sin esos detalles, la obligación de retirar rápidamente podría convertirse en un incentivo para eliminar publicaciones dudosas antes que revisarlas.
3. Avisos y derecho de apelación
Una persona cuyo contenido sea removido debería recibir una explicación comprensible sobre la regla aplicada, la autoridad o mecanismo que originó el reporte y la forma de solicitar una revisión. También sería necesario establecer tiempos para resolver las apelaciones y medidas especiales para periodistas, denunciantes, víctimas y organizaciones que documentan violaciones de derechos humanos.
La transparencia tendría que incluir informes periódicos sobre el número de reportes, retiros, cuentas suspendidas, solicitudes de autoridades y decisiones revertidas. Sin esos datos sería difícil saber si la política reduce riesgos reales o si sólo aumenta la eliminación de contenido legítimo.
El límite: proteger a usuarios sin crear censura
La discusión jurídica no parte de cero. La Constitución protege la libertad de expresión y el derecho a la información, también cuando se ejercen mediante internet. La Suprema Corte ha sostenido que las restricciones deben ser precisas y proporcionales, y que las prohibiciones generales sobre páginas o servicios pueden resultar inadmisibles cuando abarcan expresiones protegidas.
En criterios recientes, el máximo tribunal también ha señalado que las normas relacionadas con odio, violencia o difusión de información deben describir con claridad qué conducta está prohibida. Si una regla utiliza conceptos demasiado abiertos, puede alcanzar desde una amenaza real hasta la reproducción periodística de un mensaje, una crítica política o una discusión académica.
Esto coloca una responsabilidad doble en el proyecto: atender la violencia digital y evitar que la decisión de retirar contenidos quede entregada a criterios secretos o a solicitudes sin control. La supervisión tendría que incluir una autoridad identificable, procedimientos documentados y vías de impugnación independientes. También debería proteger los datos personales de quienes reporten amenazas y de quienes sean objeto de una investigación.
Qué cambia para las plataformas y para los usuarios
Si el decreto se aprueba en los términos anunciados, las empresas tendrían que reforzar sus sistemas de moderación, sus canales de atención y la coordinación con autoridades mexicanas. Eso podría abarcar redes sociales, servicios de mensajería, foros y otras plataformas, aunque el alcance exacto todavía no ha sido definido.
Para las personas usuarias, la medida podría facilitar el reporte de amenazas, acoso y llamados a realizar agresiones. Pero también podría producir errores: publicaciones retiradas sin explicación, cuentas suspendidas por sistemas automatizados o denuncias utilizadas para silenciar a opositores y periodistas. De ahí la importancia de que el futuro texto publique definiciones, procedimientos y estadísticas verificables.
El Gobierno ha presentado la iniciativa como una herramienta de prevención, especialmente para niñas, niños y adolescentes. La eficacia de esa estrategia dependerá no sólo de retirar contenidos, sino de atender las condiciones que permiten la radicalización, el acoso y la violencia: acompañamiento familiar, salud mental, protocolos escolares, investigación criminal y educación digital.
Por ahora, la regulación de plataformas digitales en México sigue siendo una propuesta en construcción. El siguiente paso será conocer el contenido del proyecto y comprobar si logra convertir una instrucción política en reglas aplicables, con controles suficientes para proteger a las comunidades escolares y a las víctimas, pero también para preservar la libertad de expresión.
Fuentes consultadas
- Presidencia de la República: anuncio del grupo de trabajo para regular contenidos violentos.
- Noticias C21: detalles del grupo interinstitucional y del proyecto de decreto.
- El País México: contexto del ataque en Torreón y del anuncio federal.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación: criterios sobre libertad de expresión y opinión en internet.
- Semanario Judicial de la Federación: límites de la libertad de expresión y exigencia de claridad normativa.